Argentina acaba de convertirse en el onceno país del mundo en establecer la igualdad legal plena en el matrimonio para las parejas homosexuales. Hay quien diga que se trata no de un avance de los derechos humanos sino de un ataque del demonio, o bien de una suerte de rapto de locura grupal que atacara a los y las legisladoras que le dieron entrada a “semejante despropósito”.
A las minorías sociales en general y a las minorías sexuales en particular se las califica de “desviadas”, “anormales” o satánicas. Y en la Argentina el debate social no fue tan distinto a eso. Hubo acusaciones de querer “destruir la familia”; hubo abyectas manipulaciones de la infancia que estudia en colegios religiosos para obligarla a “apoyar” una causa profundamente imbuida de odio por lo distinto, de intolerancia ante las minorías desprotegidas. Hubo marchas para negar derechos fundamentales, con una asistencia mucho menor a la que previeron sus organizadores. Esas fueron marchas de odio. Hubo sesiones parlamentarias en la que se nos calificó de ¨basura¨, ¨excrementos inhumanos¨, ¨pedófilos¨ y otras tantas lindezas. Las iglesias mayoritarias asumieron la vanguardia de esa campaña de odio. Y dicen predicar y promover el amor.
No dudo que en Venezuela este debate se planteará más temprano que tarde. Y vendrá aquí la misma campaña de mentiras y ataques inmisericordes. Se nos volverá a insultar y a tratar de ¨enfermos¨, ¨desviados¨ y se nos comparará con el detritus, a favor del detritus. Con Argentina, son 11 los países que reconocen igualdad absoluta a las parejas homosexuales.
Se trata de un tema de derechos humanos, por tanto es un tema de interés ético y jurídico. En Venezuela una pareja formada por dos personas de un mismo sexo carece por completo de protección legal. Esto trae como consecuencia que si es una pareja pobre, es imposible que acceda a tal protección. Pero quizás la situación más frecuente es la pérdida de los bienes conseguidos con el esfuerzo conjunto, cuando fallece uno de los miembros de la pareja. Todos los pactos internacionales ratificados por Venezuela demandan la protección de esta realidad social legítima. ¿Será tiempo ya de que la sociedad escuche?